Al inicio de este año, el sector agroalimentario volvió a estar en el centro del debate europeo, en relación al acuerdo comercial con Mercosur, coincidiendo con un momento de profundo reajuste económico y político a nivel global.
En un contexto geopolítico en el que Europa es casi un reducto democrático y de calidad de vida a nivel global, los acuerdos con Mercosur e India suponen no solo la apertura de nuevos mercados para Europa (de especial relevancia para España por cercanía cultural y capacidad de establecer relaciones comerciales), sino también una oportunidad para su posicionamiento como protagonista geopolítico en un mundo inmerso en el reajuste económico y político de las grandes potencias.
Y sin embargo, ¿Por qué, en este contexto y con las medidas de protección previstas para determinados productos, preocupa tanto el pacto con Mercosur?
Porque este acuerdo se suma a problemas estructurales que el sector arrastra desde hace décadas y a la preocupación de los profesionales del campo ante la falta de garantías en el cumplimiento de acuerdos ya vigentes.
Una situación que no hace sino aumentar la inquietud frente a estas nuevas relaciones comerciales.
Los productores europeos trabajan bajo uno de los marcos regulatorios más exigentes del mundo.
Esta regulación ofrece garantías indudables al consumidor y responde al modelo social y medioambiental que Europa ha decidido construir.
Pero también incrementa la carga burocrática, limita en algunos casos la agilidad y la capacidad de producción y condiciona la competitividad del sector cuando quienes producen fuera de nuestras fronteras no están sujetos a las mismas condiciones.
Esto no debería ser un problema si, sobre la base del principio de reciprocidad normativa, se exigiese a los productos agroalimentarios importados el cumplimiento de estándares equivalentes a los europeos.
Por eso, el problema no es tanto el propio tratado de Mercosur (o el de India) como las garantías de cumplimiento del mismo y, más concretamente, los mecanismos administrativos para hacerlo efectivo, de forma que podamos competir en igualdad de condiciones respecto a otros países y sistemas de producción.
Pero la respuesta tampoco puede limitarse a las fronteras, y también tiene que ver con la resolución de los problemas estructurales del sector en Europa (inversión, incorporación de nuevas tecnologías, flexibilidad de los marcos regulatorios, sostenibilidad económica o la falta de relevo generacional).
Y también con otros problemas que, sin ser exclusivos del sector, son fundamentales para su futuro, como el acceso a la vivienda, servicios socioculturales o buenas comunicaciones en el ámbito rural.
Para ello son necesarias políticas públicas europeas, nacionales y regionales que, garantizando la seguridad alimentaria, se alineen con el momento socioeconómico, tecnológico y geopolítico que estamos viviendo.
Europa tiene que correr, no puede dormirse en un entramado burocrático que ralentice y ponga en jaque la competitividad del sector.
Y quizá aquí exista también una oportunidad.
Paradójicamente, la puesta en valor de nuestros propios marcos regulatorios (si están garantizados y defendidos también frente a terceros) puede convertirse precisamente en una poderosa herramienta competitiva para Europa.
Seguridad alimentaria, trazabilidad, protección medioambiental, bienestar animal o derechos laborales no pueden entenderse únicamente como costes regulatorios, sino como valor diferencial de nuestro sistema agroalimentario en los mercados internacionales.
Mientras tanto, desde el propio sector tenemos también que hacer un esfuerzo de comunicación clara y transparente sobre sus reivindicaciones.
No podemos poner en riesgo el apoyo de los consumidores y de la población en general.
Una comunicación que ayude además a posicionar y obtener el reconocimiento del sector más allá de las cuestiones económicas y que nos recuerde que, como consumidores, tenemos igualmente una responsabilidad respecto al modelo agroalimentario que queremos mantener.
Porque cuando hablamos del sector agroalimentario, no podemos olvidar que su relevancia va mucho más allá de la soberanía alimentaria que habitualmente reivindicamos, hablamos de desarrollo socioeconómico, de oportunidades de calidad de vida para las nuevas generaciones, de territorio, arraigo, cultura y soberanía democrática.
En un momento de creciente incertidumbre geopolítica, la capacidad de producir alimentos, mantener vivo el territorio y sostener un sector agroalimentario competitivo, innovador y socialmente reconocido no es únicamente una cuestión económica, es también una cuestión estratégica.
Este texto recoge algunas de las reflexiones de la última edición de ELIKADURA, observatorio sobre el sistema agroalimentario. Para acceder al artículo completo «Y ahora Mercosur…» : https://www.noraalonsocasajus.com/elikaduraes